Columna de Opinión: «Acarreo electoral: Cómo se debilita la democracia subnacional»

A puertas de comenzar un nuevo proceso electoral este 15 y 16 de mayo, no está de más recordar un concepto que los/as candidatos/as municipales pueden poner en práctica, el cohecho.

La ley 19829 (2002) menciona que el cohecho corresponde a la acción en que “se ofreciere o consintiere en dar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones o incurra en omisiones […]” Dentro del cohecho se da una acción más que relevante para las comunas pequeñas de nuestro país, el acarreo electoral. El cual, se puede identificar fácilmente como una práctica antidemocrática que, a pesar de darse en una escala más pequeña de la administración del Estado, otorga un espacio a la corrupción.

Hablamos de acarreo electoral cuando candidatos subnacionales hacen que personas que no residen en esa comuna a lo largo del año, cambien su domicilio electoral para que el padrón electoral de las personas inscritas para votar supere a los que viven durante todo el año en esas localidades con la finalidad de tener más votos (Navarro,2008). Las personas que realizan este cambio reciben un incentivo por él, ya sea, dinero, favores políticos, etc. Por lo que se suele decir que favorece a los partidos más ricos, aunque al ser una práctica arraigada en las comunas más pequeñas no se requiere de tantos recursos para ponerla en práctica.

Si bien, podemos enmarcar el acarreo electoral dentro del clientelismo gracias a los “incentivos” que reciben los votantes, es cierto que el cambio de domicilio electoral se realiza de forma abrupta y sin ninguna justificación real, lo que, desde mi punto de vista, significa limitar a quienes residen en las localidades en cuestión, pues, puede favorecer a un candidato/a que en realidad no es del agrado de los residentes de la comuna. Es por esto que se le considera una práctica antidemocrática que promueve la corrupción en cierto grado, no obstante, como no podemos referirnos a el como un delito, considerando que no está directamente penado por ley, no queda más que cuestionar esta práctica como un dilema ético.

En este sentido, el hecho de que no exista una ley que se refiera específicamente al acarreo electoral implica que las sanciones no sean tan efectivas o bien sean bajas, provocando que, al corto y mediano plazo, las malas prácticas en la política nos envuelvan cada vez más dentro del círculo de la corrupción, desde los famosos “pitutos” hasta la movilización de influencias y el ofrecimiento de cargos y beneficios directamente económicos a cambio de realizar o no alguna acción.

Lo anterior, es algo que aporta al debilitamiento de la democracia, pues, tal como menciona Mény (2003) la corrupción se encuentra en todos los sistemas políticos, ya que tienen un marco normativo, sin embargo, no se debe ver a la corrupción como algo normal ni pretender que esta no existe, lo que se debe hacer es combatirla aun sabiendo que no se puede eliminar por completo. Es momento de dejar de normalizar la obtención de cargos por cercanía, por ser “hijo de” o por cumplir un favor político, se necesitan profesionales capacitados y competentes que cumplan el rol que se les ha asignado, demostrando que se requiere de una mayor fiscalización y compromiso por parte de las instituciones fiscalizadoras del Estado para disminuir estas situaciones lo máximo posible.

Referencias

Ley 19829 (2002). Constitución Política de la República de Chile.

Mény, Y. (2003). Política, corrupción y democracia. Miguel Carbonell y Rodolfo Vázquez, Poder, derecho y corrupción, México, IFE/ITAM/Siglo, 21, 123-142.

Navarro, A. (2008). MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR NAVARRO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL SISTEMA DE INSCRIPCIONES ELECTORALES Y SU PENALIDAD (5910-06). Extraído de: https://www.bcn.cl/laborparlamentaria/wsgi/consulta/verParticipacion.py?idParticipacion=1188694

Fabiola Cerda Hernández

Estudiante de Ciencia Política

Universidad Católica de Temuco

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